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miércoles, 8 de mayo de 2013

Waldo Torres Armas asegura que el TC ha capitulado. considera el TC que la CPE es "papel mojado" "los custodios", "el protector" de la institucionalidad patria vulnerando las disposiciones transitores "pués no sirven"

Los Jueces del Tribunal Constitucional (TC) se decidieron por su disciplina partidaria. Pero esta “utilización” de la Constitución no legitima la re-reelección y es, al contrario, lesiva para la moral del Estado. La re-reelección no calza ni calzará con la actual Constitución. Las presiones por la declaración favorable a la re-reelección han destruido la institucionalidad constitucional, sus preceptos han sido distorsionados y moldeados por el poder. El TC con su fallo sinvergüenza ejerció funciones de una tercera cámara subordinada, donde predominaron los criterios de oportunidad política sobre los específicamente jurídicos.

Si bien el TC goza de libertad de configuración resolutiva, no es omnipotente, no puede confundir lo que es arbitrio legítimo, con capricho contradictorio para distorsionar los efectos legales constitucionales. A partir de hoy, las prescripciones constitucionales ya no son intangibles. Los “custodios” de la Constitución asumiendo facultades constituyentes, sin tenerlas, han derogado insólita y unilateralmente la disposición transitoria II de la Constitución, poco importó si el poder constituyente como máxima autoridad y voluntad del Estado redactó la Constitución en su calidad de soberano absoluto e ilimitado. Con la misma lógica deberían haber suprimido también las otras 9 disposiciones transitorias de la Constitución, pues “no sirven”. 

Con el fallo se han convertido en “colegisladores” creando derecho positivo constitucional sin ser su función, consecuentemente en el futuro caben resoluciones que vulneren la inmunidad de la norma fundamental, caben interpretaciones y derogaciones singulares de sus determinaciones. La Constitución es papel mojado.

Está ratificado, no existe el Estado Constitucional de Derecho porque no existe la garantía institucional para tutelar efectivamente los derechos individuales y generales. La Constitución es una mera carta de intenciones, sus derechos y sus garantías consagradas, más su interpretación, resultan fácilmente vulnerados por el control institucional que ejerce el arrogante poder político. 

El único poder que podía impugnar e interdictar la arbitrariedad de los poderes del Estado, ha capitulado. El “protector” constitucional se ha convertido en un foro de debate sectario en el que no se protege el orden jurídico-constitucional sino los intereses políticos, burlándose de la confianza pública. Los jueces del TC son hoy incapaces de hacer su trabajo sin levantar conjeturas sobre su malicia, sería mejor que admitieran su fracaso por la peste que han desatado, pues es un golpe institucional que debilita y desestabilizará gravemente al Estado. La historia los juzgará.