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miércoles, 18 de septiembre de 2013

El Deber se refiere a la declaración de EMA incitando a las FFAA a la gestión política, aunque no menciona la expresión "castrados" que sí pronunció aquel refiriéndose a militares que no hacen política.

Lo que menos necesita Bolivia en estos momentos son sobresaltos que afecten su institucionalidad. No es que precisamente la nación esté respetando rigurosamente sus normas ni mucho menos. Por el contrario, sabemos que existe un manifiesto proceso de caos y deterioro en las instituciones del país. Lo grave es que, además de la desconfianza que demuestra la población en esas instituciones que nacieron con la patria, sea el propio presidente del Estado Plurinacional quien provoque inquietud y recelo en los ciudadanos, en vez de proporcionar seguridad, que es lo que Bolivia necesita urgentemente.

No han sido acertadas las declaraciones que el primer mandatario hizo en Cochabamba la semana pasada, sobre el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas. Es más, han sido muy lamentables sus expresiones desde el momento en que ha incitado a los militares a asumir partido en cuestiones de índole política, deplorando que algunos miembros de la institución se mantengan como apolíticos. Dijo el presidente que no podían ser apolíticos los militares porque una de sus labores fundamentales es enfrentar al capitalismo y al imperialismo y que eso requiere de una ideología comprometida.
Si el presidente piensa de esa manera, lo primero que habría que hacer es una reforma de la Constitución Política del Estado, ya que esta señala expresamente, en su artículo 245, que las Fuerzas Armadas no deliberan, están sujetas a las leyes y reglamentos militares, pero, indica claramente, que “no realizan acción política”. Quien más debe observar la letra de la Carta Magna es precisamente el jefe de Estado, porque si no la respeta él, si sugiere que sea violada, ¿cómo se puede exigir al resto de los funcionarios oficiales, a los llamados ‘movimientos sociales’ y al mismo pueblo que sean respetuosos de las leyes?

La presencia de los militares en la política nacional ha sido algo permanente en la historia de Bolivia, por la inestabilidad y debilidad de las administraciones civiles en algunos casos y por la ambición del poder armado la mayoría de las veces.

Antes de la actual etapa democrática, las Fuerzas Armadas gobernaron durante 18 años, impidiendo la apertura al civilismo. ¿No es una contradicción notable y peligrosa que ahora el presidente exhorte a que los militares renuncien a ser apolíticos? ¿Qué se pretende con eso? ¿Mayor apoyo de las armas al ‘proceso de cambio’? ¿Es necesario? ¿Tan inseguro se siente el Gobierno que apunta, además, a quedarse de por vida?