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viernes, 25 de octubre de 2013

un millón de dólares que la UNION EUROPEA pagó por adelantado por un estudio sobre la coca. informe que no aparece. que cada vez el Gobierno de Evo Morales dilata la entrega. qué verguenza, qué ejemplo de informalidad y cumplimiento. es que no quieren mostrar a dónde va a parar la maldita hoja de coca que producen en gran escala? (El Dia, SC)

Pese a que hay señales claras de manipulación de los hechos de Apolo, en los que intervienen la provocación, una buena dosis de electoralismo y también un manejo selectivo del asunto de la coca, algo que no sorprende a nadie por la obvia preponderancia del Chapare en los asuntos del Estado, existen también otros elementos que conviene destacar como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con la comunidad internacional y que son objeto de presión.

 Precisamente uno de los detonantes de este inusitado impulso erradicador de coca concentrado en el norte de La Paz, ha sido el enérgico reclamo de la Unión Europea, sobre la entrega del estudio sobre el consumo tradicional de la “hoja sagrada” que fue financiado por las naciones del viejo mundo y que debió ser conocido a finales de 2010.

La Unión Europea pagó casi un millón de euros por ese estudio indispensable para fijar un tope de los cultivos de coca legales del país que hoy están establecidos en 12 mil hectáreas en la Ley 1.008 de sustancias controladas. Según estimaciones del Gobierno, esa cifra debería subir a por lo menos 20 mil hectáreas sin embargo, no hay datos ciertos para respaldar esa tesis y peor aún, de acuerdo a las mediciones satelitales que ha hecho la ONU y otros organismos internacionales, hace mucho que los cocales en Bolivia superaron las 32 mil hectáreas.

Es obvio que de cualquier manera, el Gobierno tendrá que tomar una decisión drástica y eso pasa por la erradicación. Por eso es que más le conviene mantener las cosas en la indeterminación y eso es lo que irrita a los europeos, quienes tienen ahora la misión de relevar a la misión norteamericana que este año ha suprimido por completo la ayuda económica para la interdicción y la erradicación de cocales. Recordemos que en agosto pasado estuvo en el país, el comisario de la Unión Europea para la Cooperación al Desarrollo, Andris Piebalgs, quien comprometió un desembolso anual de 33,3 millones de dólares para encarar las tareas que estaban a cargo de la DEA y la NAS de Estados Unidos.

En aquella ocasión, las versiones oficiales indicaban que la ayuda europea llegaría sin condiciones al país, al menos no las mismas que las exigidas por la cooperación estadounidense, que fue expulsada del país porque comenzó a llamarse intromisión en los asuntos internos la demanda de cumplimiento de las leyes antidrogas.

Pero a juzgar por las declaraciones del jefe de la Delegación de la Unión Europea, Tim Torlot, que por segunda vez en dos semanas ha reclamado la entrega de los resultados del estudio de la coca, no parece que los europeos estén dispuestos a mantener una actitud complaciente y menos a entregar esa suma de dinero para que el Gobierno siga jugando al gato y al ratón con los cocaleros, erradicando en un sitio mientras se siembra en otros lugares.

Bolivia ha mantenido demasiado tiempo esta estrategia que parece más bien un acto de complicidad y obviamente desata malestar y balas cuando por fin parece actuar en serio. El país se está jugando su credibilidad, pues de fracasar nuevamente, comenzará a cobrar mayor fuerza la tesis del “narco estado y sin ayuda económica para combatir a las mafias, la violencia podría desbordarse en el territorio. De lo que ocurra depende también el retorno boliviano a la Convención de Viena y el futuro de las relaciones con la Unión Europea, con la que últimamente han surgido algunas fisuras.
La Unión Europea pagó casi un millón de euros por ese estudio indispensable para fijar un tope de los cultivos de coca legales del país que hoy están establecidos en 12 mil hectáreas en la Ley 1.008 de sustancias controladas.