Los países europeos cuyos ciudadanos fueron ajusticiados en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, más concretamente Hungría, Rumania, Croacia e Irlanda, dieron un nuevo paso en su lenta pero insistente demanda de justicia y esclarecimiento pleno de lo que el régimen boliviano llama “caso terrorismo”, pero que ha caído bajo la sospecha de que se trató más bien de un montaje político-terrorista que acabó con la vida de tres personas y con un calvario pseudo-judicial de más de cuatro años contra 39 individuos, entre ellos un croata y un húngaro.
Este caso, que ya fue objeto de investigaciones y observaciones puntuales en cada uno de los países involucrados, ha llegado al Parlamento Europeo, que en su sede de Estrasburgo, ha emitido una resolución oficial en la que solicita al Gobierno boliviano “que garantice un juicio independiente” para el ciudadano húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, acusados de terrorismo.
La Eurocámara, que desde ya ha cuestionado la independencia de la justicia boliviana ha reclamado también una investigación imparcial que incluya a expertos internacionales sobre las muertes del ciudadano rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Dwyer Michael Martin y del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores a manos de la Policía, en un operativo que fue ordenado por el propio presidente Morales, según él mismo lo admitió frente a las cámaras de televisión aquel jueves sangriento.
Recordemos que para llegar a esta instancia tan importante, este caso ha sido objeto de intensos estudios. En cada uno de los países se hicieron autopsias de los cadáveres repatriados y por separado llegaron a la conclusión de que aquella madrugada se produjo un linchamiento en lugar de un enfrentamiento a tiros como asegura la Policía boliviana y todas las autoridades nacionales que han intervenido en este proceso, lleno de manipulaciones, dudas y errores de procedimiento. Los familiares de las víctimas han estado haciendo reclamos a sus estados y en varias ocasiones han llegado a Bolivia emisarios europeos que no han hecho más que constatar las denuncias de intromisión de las autoridades políticas en un juicio que ha sido conducido en la más absoluta falta de apego a las normas vigentes.
El pronunciamiento del Parlamento Europeo es la expresión del agotamiento de las instancias exigidas por el derecho internacional y obviamente lo que sigue es iniciar una demanda en contra del Estado boliviano, algo que ha despertado mucha preocupación en la diplomacia y en la justicia locales. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el decano de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Von Borries, uno de los pocos que aún conserva una dosis de racionalidad en la maltrecha justicia boliviana. En su opinión, el informe llegado de Europa “daña sobremanera la imagen del país” y que la única manera de contrarrestarlo es que los fiscales y policías que han hecho seguimiento de este caso presenten un detallado parte sobre el avance del proceso, algo que no sólo resultaría inviable, sino también inculpatorio por todas las fallas, falsedades e imposturas que se han cometido en estos cuatro años.
Otro que ha percibido la gravedad del pronunciamiento Europeo para el régimen de Evo Morales ha sido el ex presidente Tuto Quiroga, quien le ha pedido al mandatario que diga quién ordenó la intervención en el hotel Las Américas y pese a que en el Gobierno nacional no tienen otra salida más que descalificar la noticia, deberían admitir que la justicia europea no sólo sigue pendiente del caso, sino que continuará avanzando hasta conseguir la aclaración total del caso.
Este caso, que ya fue objeto de investigaciones y observaciones puntuales en cada uno de los países involucrados, ha llegado al Parlamento Europeo, que en su sede de Estrasburgo, ha emitido una resolución oficial en la que solicita al Gobierno boliviano “que garantice un juicio independiente” para el ciudadano húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, acusados de terrorismo.
La Eurocámara, que desde ya ha cuestionado la independencia de la justicia boliviana ha reclamado también una investigación imparcial que incluya a expertos internacionales sobre las muertes del ciudadano rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Dwyer Michael Martin y del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores a manos de la Policía, en un operativo que fue ordenado por el propio presidente Morales, según él mismo lo admitió frente a las cámaras de televisión aquel jueves sangriento.
Recordemos que para llegar a esta instancia tan importante, este caso ha sido objeto de intensos estudios. En cada uno de los países se hicieron autopsias de los cadáveres repatriados y por separado llegaron a la conclusión de que aquella madrugada se produjo un linchamiento en lugar de un enfrentamiento a tiros como asegura la Policía boliviana y todas las autoridades nacionales que han intervenido en este proceso, lleno de manipulaciones, dudas y errores de procedimiento. Los familiares de las víctimas han estado haciendo reclamos a sus estados y en varias ocasiones han llegado a Bolivia emisarios europeos que no han hecho más que constatar las denuncias de intromisión de las autoridades políticas en un juicio que ha sido conducido en la más absoluta falta de apego a las normas vigentes.
El pronunciamiento del Parlamento Europeo es la expresión del agotamiento de las instancias exigidas por el derecho internacional y obviamente lo que sigue es iniciar una demanda en contra del Estado boliviano, algo que ha despertado mucha preocupación en la diplomacia y en la justicia locales. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el decano de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Von Borries, uno de los pocos que aún conserva una dosis de racionalidad en la maltrecha justicia boliviana. En su opinión, el informe llegado de Europa “daña sobremanera la imagen del país” y que la única manera de contrarrestarlo es que los fiscales y policías que han hecho seguimiento de este caso presenten un detallado parte sobre el avance del proceso, algo que no sólo resultaría inviable, sino también inculpatorio por todas las fallas, falsedades e imposturas que se han cometido en estos cuatro años.
Otro que ha percibido la gravedad del pronunciamiento Europeo para el régimen de Evo Morales ha sido el ex presidente Tuto Quiroga, quien le ha pedido al mandatario que diga quién ordenó la intervención en el hotel Las Américas y pese a que en el Gobierno nacional no tienen otra salida más que descalificar la noticia, deberían admitir que la justicia europea no sólo sigue pendiente del caso, sino que continuará avanzando hasta conseguir la aclaración total del caso.
La Eurocámara, que desde ya ha cuestionado la independencia de la justicia boliviana ha reclamado también una investigación imparcial que incluya a expertos internacionales sobre las muertes del ciudadano rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Dwyer Michael Martin y del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores a manos de la Policía.
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