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sábado, 4 de enero de 2014

avasallamiento de tierras que no termina. ahora se apoderan de La Pascana, cuyo propietario Presidente de residentes brasileños. el Gobierno no actúa, es permisible con estos delitos que estan provocando inseguridad y ahuyentando inversiones.

En las horas de transición entre un año y otro, una banda de forajidos enmascarados asaltó la propiedad de Rogemar Cadore y se llevaron insumos agrícolas y equipos, además de dinero, por un valor de 300.000 dólares. El hecho se produce cuando en el departamento sigue sin definición clara la situación de las propiedades agrícolas ocupadas por ‘avasalladores’ que están demorando demasiado en desalojarlas.

El caso del asalto de la propiedad La Pascana podría pasar inadvertido, si no fuera que Cadore es el presidente de los residentes brasileños y es un empresario con muchos años de permanencia en el país.

Y está el detalle que de los más de 70 predios agrícolas asaltados por los tomatierras, por lo menos diez son de propiedad de ciudadanos brasileños.


Porque, en efecto, como lo saben muy pocos, las propiedades tomadas han sido elegidas por asaltantes que, extrañamente, cuentan con documentos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde constan pequeñas irregularidades o descuidos de los propietarios en el pago de impuestos o la regularización de sus derechos.

Muy pocos saben también que el INRA-Santa Cruz tiene una actitud muy extraña en estos casos: convoca reuniones de ‘conciliación’ a los propietarios y a los asaltantes, dando lugar a que estos últimos terminen siempre ganando algo.

En los casos en que los propietarios no quieren ceder ni dinero ni tierras, los tomatierras optan por permanecer, esperando que la otra parte ceda y acepte el chantaje.


Diplomáticos brasileños, mexicanos y argentinos han participado en las gestiones de los propietarios de tierras para que se les reconozcan sus derechos, pero de nada ha valido: las tierras siguen tomadas.


En este panorama, el vicepresidente del Estado invita a inversionistas extranjeros a venir a Bolivia, quizá sin estar enterado de los riesgos que corren todos los que se atrevieron a invertir en el país.


Pero el asalto a la propiedad de Cadore puede ser un mensaje, una advertencia, para que los empresarios extranjeros ya asentados en el país comiencen a preparar maletas.

Si las propiedades de los extranjeros están en peligro, además de muchos bolivianos, ¿qué se puede esperar del derecho a la propiedad del resto de los habitantes del país?

¿Es este el clima de seguridades jurídicas que ofrece Bolivia a los inversionistas? El Banco Mundial, en el estudio Doing Business, dijo que Bolivia es uno de los países menos aconsejables para invertir. ¿Es este el país que quieren los bolivianos?


Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero