El año 2013 se ha ido en el balance nacional con aspectos positivos y con asuntos pendientes que deben ser resueltos. Se ha dicho que el 2014 por cuya senda comenzamos a dar los primeros pasos, será para Bolivia, un año electoral cargado de las significaciones y características que implica precisamente un período, donde la atención nacional estará puesta en las elecciones a realizarse a finales de este año. Sin embargo, un año electoral no cubre ni puede cubrir los grandes problemas que han quedado pendientes, porque de la solución de los mismos, depende el porvenir del país, sea quien resulte ganador de las elecciones generales.
Si en el 2013 se han logrado avances positivos en la economía y se ha observado una bonanza económica, junto a la presencia espacial de Bolivia con su primer satélite, un hecho verdaderamente significativo, además de los avances en la industrialización de los hidrocarburos, en el trabajo vial en las carreteras del país, en la construcción de obras de beneficio rural y urbano y en una gestión que ha demostrado en cuanto a inversiones públicas, que no se durmió, quedan pendientes temas delicados porque devienen de una situación estructural.
Hay que anotar como uno de los primeros, la inseguridad ciudadana y la crisis en la justicia, dos asuntos que no han logrado ser subsanados porque en cuanto a la seguridad ciudadana, lo que se hizo es poco en relación a la magnitud del problema. Este año la gente espera que se adopten planes integrales que cuenten con los recursos necesarios para luchar contra la ola delictiva que tanto causa temor entre la ciudadanía, claro está con programas que reorganicen, para mejorar, los cuadros policiales del país. La justicia en crisis, hecho aceptado por altas autoridades de Gobierno, no avanza en nada y por el contrario pervive con los males consabidos, lo que debe motivar a realizar ya no solo ajustes a las reformas a partir de la elección de los magistrados, sino concepciones que transformen todo el ámbito judicial.
La corrupción es uno de los asuntos estructurales que aún sitúan al país en lugares criticables respecto a otros países, lo que debería motivar acciones más concretas respecto a una lucha que debe abarcar todo el estamento público administrativo y demostrar lo que se debe hacer para erradicar esta lacra que afecta al país, a su economía y que le quita el dinero al ciudadano de menos recursos económicos, y afecta en la optimización de recursos fiscales que bien pueden emplearse en obras públicas de beneficio colectivo.
Otros dos asuntos de gran preocupación, representan el narcotráfico y el contrabando, el primero que se desplaza con diferentes métodos y modalidades desde las zonas tradicionales para operar en los valles, en el altiplano y otras del país y que representa un peligro por el incremento del tráfico externo como por el consumo interno de droga, pese a los esfuerzos de la Policía especializada en combatirlo. El país debe al mismo tiempo lograr tecnología y logística para el control de las aeronaves que ingresan a territorio nacional desde el Perú y que tienden puentes aéreos, que afectan la soberanía nacional.
El contrabando sigue operando y destruyendo la economía formal y afectando los ingresos del Estado. A ello hay que sumar un estado de violencia en determinados grupos de la sociedad y los linchamientos.
Un año electoral no puede distraer de estos problemas que son de fondo, para el país y la gente.
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