En un solo mes, el Gobierno se ha enfrentado a cuatro sectores claves y lleva las de perder con todos, no solo porque cada uno le ha hecho saber que tiene la facultad de perjudicarlo, sino también de llevarlo al fracaso definitivo. Se lo han dicho nada menos que en un año electoral, en el que desde ya, el oficialismo tiene serias flaquezas que remontar, entre ellas la corrupción y las graves fallas en la justicia, que en los últimos días han salpicado en los más altos niveles del poder.
Las autoridades y líderes de los movimientos sociales Yapacaní, acusados de defender el narcotráfico, fueron los más directos y hábiles a la hora de chantajear al Gobierno. Le dijeron al ministro Carlos Romero que si continúa empeñado en instalar un cuartel antidrogas en aquella localidad, ellos se encargarán de boicotear la coca del Chapare, impidiendo el paso hacia Santa Cruz y exigiendo la eliminación de las plantaciones ilegales en el trópico cochabambino.
El segundo sector que pone en aprietos al presidente Morales es el de los mineros cooperativistas que han perforado el modelo nacionalizador y socialista del régimen, conduciendo a la explotación minera hacia un modelo ultraliberal nunca visto en el país. Los denominados “jukeros” no pagan impuestos y han suscrito cientos de contratos con empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, que también se beneficiarán de esas ventajas. El Gobierno parecía firme en su intención de impedir semejante ejemplo de capitalismo salvaje, pero los mineros le informaron que el MAS está en el poder gracias a ellos y que de la misma manera lo pueden tumbar. Resultado: la ley minera se revisa, pero los contratos de los cooperativistas no pasarán por el Congreso.
Vamos al tercero, el conflicto con los dirigentes de la COB, que a pesar del juramento de lealtad que le han hecho al Gobierno en los últimos años se han portado más que intransigentes a la hora de plantear su demanda salarial. Ayer se definió el porcentaje de aumento y en promedio es más del doble del nivel inflacionario que fue reportado oficialmente. Eso pone en apuros al régimen que suele hablar de bonanza, pero que no puede darse el lujo de jugar con la inflación, justamente cuando hay amenaza de escasez, cuando hay déficit en las empresas estatales, la deuda crece y los organismos internacionales conminan a Bolivia a no seguir mintiendo con las cifras.
La última de las complicaciones ha surgido recientemente y está relacionada con la protesta de un amplio sector de los militares que exigen mejorar el trato de los suboficiales y sargentos, que se quejan de discriminación y maltrato salarial. Cerca de nueve mil uniformados llevaron adelante una insólita medida de protesta, llegando a la paralización de sus actividades y al igual que han hecho los policías en otras ocasiones, han movilizado a sus esposas.
El Gobierno ha reaccionado con la misma vehemencia que en los casos anteriores, cuando llamó narcotraficantes a los movilizados de Yapacaní y traidores de la patria a los cooperativistas. Ha dicho que no va a tolerar sindicatos dentro de las Fuerzas Armadas. No sabe cuál será el desenlace del conflicto con este sector que de la misma manera que los anteriores, ha sido fundamental para el MAS. La preocupación crece al punto de que no hay fecha definida para las elecciones y podrían trasladarse al 2015.
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