Cuando el desorden reina en una casa, los primeros en aprovecharse del caos no son los vecinos ni los ladrones que vienen de afuera; son los propios hijos los que se rebelan contra los padres y que saltan por encima de las reglas que nadie cumple. Cuando el río está revuelto, los primeros en pescar no son los que tiran el anzuelo desde la orilla, sino los peces grandes, esos bagres gigantescos que salen de la oscuridad para aprovechar el festín que brinda la anarquía, el cambio de roles y la ausencia de un patrón de conducta establecido, algo que normalmente llamamos ética.
Parece tardío el momento en el que el Gobierno reclama el respeto a la institucionalidad, cuando ha sido el régimen el que se ha estado empeñando durante casi una década en destruir todo vestigio de orden en el país, para convertirlo en un gigantesco sindicato, donde todo se resuelve en asamblea, por aclamación y por impulso de la montonera. Cuando un presidente dice “yo le meto nomás, aunque sea ilegal” está hablando de un privilegio que tiene como caudillo mayor, pero olvida que en su condición de “mesías eso constituye un “dogma de fe”, acatado por sus seguidores, ya que en este estado de cosas la ley solo se aplica a los enemigos.
Cómo se puede quejar el Gobierno de la justicia y de los jueces, cuando el empujón que condujo al sistema judicial al despeñadero se lo dio precisamente el “proceso de cambio”, donde se impuso la ley del chantaje y la extorsión. Es obvio que ahora los abogados, exfiscales y jueces que están presos o prófugos, les reclaman a las autoridades más coherencia y se estrellan contra quienes ahora pretenden sacar los pies del plato y asumir la ya clásica postura de “yo no fui”.
Con qué moral pueden los líderes de este país apelar a criterios de institucionalidad para dar de baja a cientos de uniformados de las Fuerzas Armadas, si es durante este periodo, en el que los militares han pasado a formar parte activa del partido en funciones, tomando sus banderas, sus causas, sus gritos de guerra y sobre todo las suculentas ventajas económicas que todos los movimientos sociales afines han recibido a manos llenas.
Cómo es que a los militares se les puede exigir que no formen sindicatos, si este modelo de organización ha sido ensalzado hasta el grado de la sacralidad en este país y en algunos casos, como el de los cocaleros, con la potestad de definir asuntos vitales y estratégicos de la nación, como sucedió con el Tipnis y las consecuencias que la construcción de la carretera nos iba a acarrear para todos los bolivianos.
Los “hijos” de este régimen han tenido carta blanca para violar las leyes, para montar cercos, invadir ciudades, internar autos ilegales al país, proteger a los contrabandistas y narcotraficantes; han sido laderos del Gobierno en toda la guerra sucia montada para perseguir a la oposición y en ese contexto, no debería causarnos sorpresa que aparezca un general Sanabria, un narcoamauta, un Ormachea o un Soza; tampoco deberíamos rasgarnos las vestiduras por los contratos de los mineros cooperativistas y menos por el nepotismo y el tráfico de influencias que salpica a lo más alto de la dirigencia política nacional.
Parece tardío el momento en el que el Gobierno reclama el respeto a la institucionalidad, cuando ha sido el régimen el que se ha estado empeñando durante casi una década en destruir todo vestigio de orden en el país, para convertirlo en un gigantesco sindicato, donde todo se resuelve en asamblea, por aclamación y por impulso de la montonera. Cuando un presidente dice “yo le meto nomás, aunque sea ilegal” está hablando de un privilegio que tiene como caudillo mayor, pero olvida que en su condición de “mesías eso constituye un “dogma de fe”, acatado por sus seguidores, ya que en este estado de cosas la ley solo se aplica a los enemigos.
Cómo se puede quejar el Gobierno de la justicia y de los jueces, cuando el empujón que condujo al sistema judicial al despeñadero se lo dio precisamente el “proceso de cambio”, donde se impuso la ley del chantaje y la extorsión. Es obvio que ahora los abogados, exfiscales y jueces que están presos o prófugos, les reclaman a las autoridades más coherencia y se estrellan contra quienes ahora pretenden sacar los pies del plato y asumir la ya clásica postura de “yo no fui”.
Con qué moral pueden los líderes de este país apelar a criterios de institucionalidad para dar de baja a cientos de uniformados de las Fuerzas Armadas, si es durante este periodo, en el que los militares han pasado a formar parte activa del partido en funciones, tomando sus banderas, sus causas, sus gritos de guerra y sobre todo las suculentas ventajas económicas que todos los movimientos sociales afines han recibido a manos llenas.
Cómo es que a los militares se les puede exigir que no formen sindicatos, si este modelo de organización ha sido ensalzado hasta el grado de la sacralidad en este país y en algunos casos, como el de los cocaleros, con la potestad de definir asuntos vitales y estratégicos de la nación, como sucedió con el Tipnis y las consecuencias que la construcción de la carretera nos iba a acarrear para todos los bolivianos.
Los “hijos” de este régimen han tenido carta blanca para violar las leyes, para montar cercos, invadir ciudades, internar autos ilegales al país, proteger a los contrabandistas y narcotraficantes; han sido laderos del Gobierno en toda la guerra sucia montada para perseguir a la oposición y en ese contexto, no debería causarnos sorpresa que aparezca un general Sanabria, un narcoamauta, un Ormachea o un Soza; tampoco deberíamos rasgarnos las vestiduras por los contratos de los mineros cooperativistas y menos por el nepotismo y el tráfico de influencias que salpica a lo más alto de la dirigencia política nacional.
Cómo es que a los militares se les puede exigir que no formen sindicatos, si este modelo de organización ha sido ensalzado hasta el grado de la sacralidad en este país y en algunos casos, como el de los cocaleros, con la potestad de definir asuntos vitales y estratégicos de la nación, como sucedió con el Tipnis y las consecuencias que la construcción de la carretera nos iba a acarrear para todos los bolivianos.
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