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sábado, 31 de mayo de 2014

laLey1008 u otra que le sustituya o complemente no tendrán efecto si acaso no existe una tarea de control que se aplicó con éxito por la DEA un organismo técnico policíaco que cuenta con todos los elementos para ser eficiente. por razones de "su política anti estadounidense" EVO expulsó a la DEA y desde entonces, no hay un solo narcotraficante importante que hubiese sido detenido. las requisas seguidas del anuncio "los responsables se dieron a la fuga", logran detener a choferes, porteros, guardianes, mensajeros. los "capos del narco" están protegidos. no se entiende por tanto la crítica de funcionarios de la ONU.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODOC), a través de su representante en Bolivia, ha declarado que la normativa boliviana antinarcóticos 1008 ha quedado obsoleta luego de estar vigente 26 años después de su promulgación en 1988. Razones no le faltan, puesto que ha pasado mucha agua bajo el puente. Por una parte, porque las condiciones sociales, políticas y económicas y hasta el marco jurídico legal del país han cambiado. Además, en los últimos tiempos, también se ha modificado la visión sobre la coca que tenía la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la admisión de Bolivia en su seno.
 
Por otra parte, se estima que la ley 1008 violenta parámetros jurídicos básicos, de tal manera que se la ha calificado de draconiana, puesto que contradice el apotegma jurídico que sostiene que toda persona goza del beneficio de la presunción de la inocencia mientras no se demuestre en juicio lo contrario. En otras palabras, la necesidad de modernizar la legislación boliviana sobre el tema se ha hecho perentoria, especialmente si se ha reconocido la cultura del “acullicu” de la hoja de coca y se ha considerado imprescindible regular no solo la extensión de los cultivos de coca para satisfacer la práctica ancestral, sino también las buenas prácticas en su estado natural.
 
Conviene no perder de vista que la modificación o la elaboración de una nueva legislación boliviana contra las drogas debe contemplar asimismo, la necesidad de la cooperación internacional para una lucha coordinada, coherente, sostenible y de largo aliento. En ese sentido, es de esperar se abran las puertas a la colaboración de los organismos internacionales que combaten el narcotráfico, para que su apoyo específico se exprese en el contenido de la nueva normativa. Debe considerarse también el respeto a la soberanía del país y los resultados del último estudio integral de la demanda legal de la hoja de coca del año 2013, que fija el número de hectáreas para el cultivo legal.
 
Esto quiere decir que al reconocimiento de la existencia de una población culturalmente andina que comprende a Bolivia y Perú, principalmente, y que se extiende a Ecuador, Argentina, Chile y Colombia, donde el masticado de coca en su estado natural es tradicional, se debe sumar la exigencia de una lucha frontal multinacional contra el narcotráfico, de modo que los cultivos de la coca excedentaria e ilegal se supriman porque constituyen materia prima para la elaboración de la cocaína en todas sus formas. Mantener bajo control efectivo y sostenido estas dos vertientes, deviene en una tarea colosal que no puede estar solo en manos del país, sino que requiere apoyo internacional.
 
El punto clave, en este punto, se reduce a la extensión de los cultivos legales, que según el estudio integral de la demanda legal llega a las 14.705 hectáreas, que representa una producción anual de veinte mil toneladas de hoja de coca. La nueva normativa boliviana sobre la lucha antidroga debe considerar el nuevo marco jurídico legal, las condiciones sociales, políticas y económicas del país, para erigirse en una normativa que sirva de manera efectiva para combatir la producción, distribución y consumo de cocaína. Por otra parte, que sea coherente con los derechos fundamentales del ser humano y la legislación internacional que castiga el delito y tráfico de drogas como flagelo mundial.
La nueva normativa boliviana antinarcóticos debe considerar el nuevo marco jurídico legal, las condiciones sociales, políticas y económicas del país, para erigirse en una legislación que sirva de manera efectiva para combatir la droga y el delito.