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sábado, 13 de septiembre de 2014

muertos en los cuarteles por los que nadie responde, motivaron intervención del Defensor del Pueblo que confronta "disposiciones legales" que de alguna manera cubren "los delitos de lesa humanidad en los cuarteles, por lo que El Dia, con tacto reclama adecuar estas normativas a los nuevos tiempos.

Los medios de comunicación han registrado las declaraciones del defensor del Pueblo, Rolando Villena, que ha decidido presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos de las normativas militares que permiten acciones violentas y vulneran los derechos humanos. Sin duda, esta decisión ha sido tomada ante la curva ascendente de hechos preocupantes al interior de los recintos militares. Estos hechos tienen relación con violaciones sexuales, agresiones físicas que han derivado en hospitalizaciones o decesos de suboficiales, conscriptos o premilitares, por causas distintas, a manos de miembros de la institución.

 
También se ha señalado que se vulneran derechos humanos de miembros de las fuerzas militares cuando estos reclaman mejoras para ellos y la institución. Un ejemplo ha sido citado: la baja y encarcelamiento de los militares de bajo rango acusados de liderar movilizaciones en abril. Todo indica que existen argumentos lógicos para plantear la necesidad de escenarios de debate sobre estos temas que conciernen a la ciudadanía y al país en su conjunto, para encontrar soluciones duraderas. Es posible que el Defensor del Pueblo haya encontrado entre las leyes militares un conjunto de articulados que van en contra de los derechos humanos, pero también ha encontrado un problema de magnitud.
 
El problema es que las leyes militares, entre las que se cuentan la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar, son producto genuino de un proceso histórico con profundas raíces en el devenir político social e ideológico que ha marcado el ritmo del desarrollo del país. Esto significa que las normativas militares, en varios aspectos, chocan de frente con el nuevo proceso político que transita Bolivia, especialmente en el contexto de su democracia emergente, joven y perfectible, a la que todavía hay mucho que aportar para que redunde en beneficio del país y la propia ciudadanía que ha luchado por reconquistarla.
 
Conviene asumir que Bolivia, como país, ha estado “gobernado” -si cabe el término- de manera reiterada por regímenes de fuerza desde su nacimiento como república. Sin embargo, desde los años sesenta a los ochenta la influencia militar ha estado signada por la presencia de dictaduras militares en el continente, replicando las doctrinas de seguridad nacionales impuestas por intereses externos, donde ciertas normativas castrenses traspasaban la delgada línea del respeto de los derechos individuales y colectivos. Resulta sensato admitir, también, que las leyes militares tienen correlación con la seguridad del Estado y del propio país, por lo que corresponde profunda reflexión.
 
Esta reflexión sobre lo que pasa al interior de los recintos militares se ha vuelto ineludible. La situación, por sí sola, aparece como insostenible en términos de congruencia y coherencia, especialmente si el contexto democrático boliviano reclama apertura, solidaridad, transparencia, flexibilidad, consenso, respeto de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros. Si se observa de manera serena, la amplia temática  de la vida en democracia conlleva posibilidades de incompatibilidad con los articulados de las leyes militares vigentes. Por ello, siendo un asunto de extrema delicadeza y mejor tacto, conviene se asuma su abordaje con criterio amplio y sincero.
La amplia temática  de la vida en democracia conlleva posibilidades de incompatibilidad con los articulados de las leyes militares vigentes. Por ello, siendo un asunto de extrema delicadeza y mejor tacto, conviene se asuma su abordaje con criterio amplio y sincero.