El Estado centralista
Susana Seleme Antelo
El Deber, Santa Cruz de la Sierra
Si alguien tenía dudas sobre el carácter centralista, autoritario y autocrático del régimen que preside Evo Morales, ellas fueron absueltas en la primera reunión para abordar el postergado Pacto Fiscal, 5 años después de aprobada la Ley Marco de Autonomías. Sospechosamente, en plena campaña electoral para gobernaciones y municipios.
Santa Cruz y Beni presentaron una posición común. La gobernadora cruceña Ruth Lozada, señaló que la propuesta para la distribución de los recursos es de 50% para el Gobierno Nacional "20% para las gobernaciones, 23% para los municipios, 6% para las universidades y 1% para los pueblos indígenas… no afecta al TGN, al IDH, y tampoco a las regalías, pero da recursos para que gobernaciones y municipios puedan de verdad ejecutar proyectos en beneficio del ciudadano, las universidades puedan tener mayor cantidad de estudiantes y se tenga mejor calidad de vida”. Argumentar que se pone en riesgo la Agenda Patriótica 2025, es una falacia pues la propuesta parte de los ingresos de coparticipación tributaria y otros impuestos que se pudiera crear en las regiones, pues hoy el centralismo administra 88% de los recursos y solo 12% es distribuido entre los otros niveles de gobierno.
Frente a la iniciativa de Santa Cruz y Beni, un ministro se expresó con una frase ‘envolvente’ : "Lo que quieren es tener un Estado débil, un Estado pusilánime, un Estado disminuido en cuanto a su potencia económica”. Que se sepa en los 9 años de bonanza económica, no por buena gestión sino por el astronómico incremento del gas y los minerales, la potencia económica solo se tradujo en gastos dispendiosos, con millonaria propaganda político-informática de industrialización petrolera que no hubo. Tampoco sentaron las bases para promover desarrollo y empleo productivo a gran escala, con énfasis en educación primaria, secundaria, superior y tecnológica, es decir, en capital humano, con innovación productiva, concomitancia pública y privada sin cortapisas, amén de institucionalidad político-económica, transparencia y rendición de cuentas.
La negativa del régimen a la propuesta oriental, ratifica que no fueron ni son autonomistas. Saben que las autonomías, si algo dividen, es al poder político y al manejo discrecional de la riqueza que se genera en el país. Antes se oponían a la autonomía política, hoy se oponen a la autonomía financiera, pues la cacareada bonanza económica ya está en franco declive. Así, la reducción de la pobreza será otro fiasco, aunque echen mano de ingresos ilegales.
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