Mediante Decreto Ley de 9 de febrero de 1979, se dispuso la creación de una entidad autárquica de Derecho Público denominada Empresa Naviera Boliviana (Enabol) para desarrollar actividades de transporte naviero y servicios portuarios. El Decreto Supremo 29651 de 22 de julio de 2008 dispuso que su directorio sea conformado por el Ministro de Defensa Nacional en calidad de Presidente, el Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, los directores generales de Capitanías de Puerto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante, el jefe de la Unidad de Marina Mercante y un representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Posteriormente se incorporó al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
La historia de esta entidad ha sido azarosa, y sus pocos logros totalmente empañados por las denuncias (en varios casos comprobadas) de corrupción, actos dolosos que además han afectado seriamente la imagen del país en el complejo mundo de la navegación internacional.
Probablemente porque la impunidad prevaleció es que lamentablemente esta entidad parece seguir siendo considerada un apreciado botín. Como se recordará, en 2010, Enabol, en virtud de un contrato suscrito con una empresa a la que pagó por adelantado la suma de 30 millones de dólares, adquirió 16 barcazas y dos remolcadores construidos en la China que debían ser entregadas en costas del océano Pacífico. Las barcazas sirven para transportar carga de los buques a tierra y viceversa, y las segundas son embarcaciones que se utilizan para arrastrar a otras por medio de cables.
Sin embargo, la empresa china no cumplió el contrato y, de acuerdo al Embajador de Bolivia en China, lo que hay son 18 barcos inutilizados por estar anclados durante más de cinco años, por lo que se los puede dar por perdidos, así como los 30 millones de dólares invertidos, así sea que, posteriormente, se anuncie que se habría fijado para el próximo mes de junio la fecha de remate de todos ellos.
Hasta ahora se ignora cuáles son los recaudos que haya adoptado el Gobierno para evitar semejante daño y procesar a los responsables. Peor aún, parecería que el tema no es de prioridad porque, de lo contrario, lo mínimo que se esperaría es, por ejemplo, es que la Asamblea Legislativa interpele al respecto a los ministros de Defensa Nacional, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y de Economía Nacional y Finanzas, que son miembros del Directorio de Enabol, o que el Ministerio Público inicie investigaciones en torno a ese punto ya que los hechos que fueron causa de la situación de referencia están tipificados como delitos en el Código Penal con las calificaciones de contratos lesivos al Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Además, se debería saber si en el contrato respectivo se incluyeron cláusulas con fines de arbitraje comercial internacional ante riesgo de conflicto.
Dejar que en este escandaloso caso también se imponga la impunidad significaría dudar aún más de la retórica, tan utilizada por este Gobierno, de la lucha contra la corrupción.
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