El prolongado conflicto gestado por el movimiento cívico de Potosí da cuenta de la tradicional vocación de lucha y capacidad de interpelación de la sociedad al poder constituido en Bolivia. Sin avizorar la magnitud del problema que comienza manifestarse a partir del fin del ciclo de la bonanza, el Gobierno apela a la receta de descalificar y dividir para reinar. Se atiza en lugar de sofocar el fuego del conflicto.
Lo cierto es que muy poco ha cambiado en la manifestación de los conflictos y en la manera de gestionar los mismos.
Pareciera que luego de 10 años de proceso de cambio persistirá la crónica tendencia a la “normalización” y incluso “exaltación” del ritual de la protesta que difícilmente encuentra espacios institucionales legítimos para canalizar soluciones.
Con menos recursos, le tocará al Gobierno lidiar con los rebeldes que honran su visión de entender la democracia y la política como un campo de lucha y confrontación permanente y no como un campo de diálogo y concertación en el marco de lo posible y razonable.
¿Cómo explicar la protesta cuando hace poco Potosí ratificó su condición de bastión electoral de Evo Morales y del “proceso de cambio”? ¿Se debe a la volatilidad tradicional del estado de ánimo y percepciones de la ciudadanía? O acaso, ¿a la eficacia de minorías y grupos corporativos movilizados ante la inminente merma de la renta minera?
A estas alturas no es posible pedirle racionalidad a una movilización que ha escalado al sumar el apoyo de mineros y sectores que complejizan un pliego de demandas arropado de consignas preñadas de un sentimiento de desesperanza y engaño históricamente incubado. Si bien las peticiones en salud e integración caminera son legítimas, éstas interpelan la eficacia y pertinencia de la inversión pública durante estos últimos 10 años. Por otra parte, no resulta irracional reclamar la construcción de un aeropuerto internacional cuando Chimoré celebra tener el suyo propio, Y es que el Gobierno carece de una política nacional aeroportuaria racional en cuanto a “aeropuertos internacionales” se refiere.
El grito de Potosí Federal está preñado de paradojas. Demandar la interlocución del Presidente que encarna el poder centralista y personalista y eclipsa la precaria institucionalidad resulta disonante; como lo es su visión renuente a la inversión privada y al esfuerzo propio, esperándolo todo del nivel nacional con proyectos de dudosa viabilidad técnica y financiera.
Hay una lógica localista muy arraigada en el país ostensible en tiempos de crisis. La idea de que cada departamento cuente con su fábrica de cemento y otras similares lo refleja; cierra el paso a emprendimientos de desarrollo bideparamentales o macroregionales complementarios. La resolución de conflictos limítrofes se traba ante la intransigencia y carencia de salidas alternativas. El emblemático Cerro Rico de Potosí, difícilmente se salvará del colapso de no limitarse las prerrogativas de sectores mineros que lo explotan. La atención, aun cuando parcial, a la problemática de las “aguas del Silala” se desahució en su momento postergándose y condicionándose a la centenaria demanda y solución del diferendo marítimo.
El maximalismo del todo o nada domina. No nos extrañe la inminente firma de un convenio que dé fin al conflicto con un rosario de puntos de difícil o imposible cumplimiento. Lamentablemente, ni el Gobierno ni la dirigencia de Potosí hicieron del tiempo de prosperidad una oportunidad de despojarse del “chip” extractivista y la venta demagógica de ilusiones. El conflicto anuncia una tregua que no disipa la amenaza de futuros nubarrones. Sin embargo, entre empates y nuevas promesas, se habrá sumado a la memoria histórica, un nuevo capítulo de lucha, heroica resistencia y gloria.
La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria.
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