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sábado, 31 de agosto de 2013

texto de Radio Fides. lo pone muy claro "yo trasladé las armas para sembrarlas en COTAS" la orden la dio Alvaro García Linera sostiene Ignacio Villa testigo y protagonista

Ignacio Villa Vargas alias “El Viejo”, procesado por el caso terrorismo lanzó una denuncia muy grave  contra el vicepresidente Álvaro García Linera, al afirmar que detrás del plan de descabezamiento del movimiento autonomista de Santa Cruz estuvo dicha autoridad.   


“Casi la totalidad de las armas están ahí, casi la mayoría pertenece al ejército, me fueron entregadas por el comandante de la Policía Jorge Santiesteban, quise denunciarlo ante la FELCC pero me dijeron que si me presentaba allá corría riesgo mi vida. (…) Usted sabe que las órdenes vienen desde arriba, principalmente, del terrorista confeso que es el Vicepresidente. Decían que si no metía las armas, llevaba palo, así de clarito. Las declaraciones ahora deben complicarse porque tiene que saberse la verdad, los verdaderos terroristas deben estar presos y no gente inocente”, dijo  el imputado.  

Asimismo, detalló que por lo menos ingresó armas a la feria exposición cruceña en 20 oportunidades,  mismas que pertenecerían a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a las que junto a otras personas les quitó el escudo nacional para evitar que sean reconocidas.  

“En diferentes ocasiones, calculando, unas 20 habrían sido y las borramos en mi casa, le borramos la parte del escudo de Bolivia, la parte del ejercito fue borrado”, dijo El Viejo.  

Entretanto la senadora, Carmen Eva Gonzales responsabilizó a la fiscalía general de proteger a los verdaderos responsables de este caso, incluso acusó al fiscal Sergio Céspedes, cabeza de la denuncia del caso, de ser parte del equipo de extorsionadores.

“Lo que más me llama la atención es que el fiscal Ramiro Guerrero con tantas evidencia aún sigue encubriendo a delincuentes. Qué pasa que no instruye aun a la detención preventiva de este señor fiscal, ex fiscal extorsionador, no solamente lo hizo él sino un equipo de gente con los que contaba, yo no voy a claudicar hasta que se meta presos a estos delincuentes”, dijo la legisladora.   

viernes, 30 de agosto de 2013

según lo adelantamos en Facebook, la charla de más de una hora entre Dilma y EMA no consideró la extradición de Pinto "si se diera el pedido será el Poder Judicial que lo determine" dijo Figuereido, el Canciller.

Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia que llega resumido con un punto de vista periodístico. El Deber. SC texto y montaje

Al promediar las 15:46 de este viernes en Surinam concluyó la reunión que sostuvieron a puertas cerradas los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Brasil, Dilma Rousseff. El encuentro tuvo una duración de aproximadamente una hora. En la reunión ambos mandatarios tocaron el tema de la salida del senador Róger Pinto de Bolivia sin el salvoconducto. 



Dilma Rousseff manifestó su repudio completo por la forma en que salió del país el senador Pinto con la ayuda del diplomático brasileño, Eduardo Saboia, y aseguró que su permanencia en Brasil es una decisión del Consejo Nacional de Refugiados (Conare), informa Folha de San Pablo

“La presidenta manifestó a Morales su repudio completo por la forma en que salió el senador Pinto de nuestra embajada en La Paz. Dijo que Brasil jamás aprobaría que un asilado salga de su embajada sin contar con las garantías plenas que resguarde su vida y su seguridad”, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, que fue el encargado de publicar los resultados del encuentro entre ambas autoridades. 

Por otra parte Figueiredo, través de la cuenta Twitter @blogplanalto, indicó que Bolivia no realizó el pedido de extradición del senador. “Figueiredo: "el pedido de extradición del senador no fue hecho por Bolivia”, dice el mensaje.  

En Brasil, el 27 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff criticó la forma en que el senador boliviano opositor del presidente Evo Morales, abandonó la embajada brasileña de La Paz y se trasladó a Brasil.

"Un país civilizado y democrático protege a sus asilados, a quienes tiene que garantizar la seguridad, sobre todo su integridad física. Brasil jamás podría aceptar en ningún momento, sin salvoconducto del gobierno boliviano, poner en riesgo la vida de una persona que estaba bajo su cuidado", manifestó Rousseff, aquella oportunidad.

Hoy el presidente Morales, en la previa a la reunión con Rousseff, reiteró, de forma verbal, su pedido al Gobierno brasileño de devolver al senador para que sea juzgado por la justicia boliviana.

jueves, 22 de agosto de 2013

Rodríguez Veltzé no podrá quedar exento del juicio de la Historia por la entrega de los misiles chinos, si bien por el momento el Poder Masista lo preserve del juicio que será común a todos los demás.. Mauricio Aira

Estamos asistiendo al intercambio de artillería verbal entre el Gobierno representado por el Vicepresidente García Linera y el general de Ejército Antezana, que actúa hoy como senador de la República y como representante de la alineación de oposición Convergencia Nacional. El intercambio se refiere a un episodio de 8 años atrás, cuando el Gobierno Nacional entregó al Gobierno de Estados Unidos, 36 missiles de origen chino que habían sido donados al Gobierno de Bolivia varios años atrás.

Sin tomar en cuenta los antecedentes históricos, logísticos y políticos de la cuestión, focalizamos el hecho periodístico de la entrega misma de las armas letales lo que sucedió en aquel momento, de un Gobierno a otro. Anotamos que no es el primer debate, van como tres que quedaron flotando en la nebulosa sin una definición clara y contundente, como parece ser que una vez más tiende a suceder. Esta ausencia de definición radica en los protagonistas de entonces, los militares que ejecutaron la medida, de suponer con el claro conocimiento del Presidente de la República en el momento de "la transferencia de los missiles, su embarque hacia EEUU y la percepción de la suma de 400 mil dólares con que éste habría "retribuído a los bolivianos". En su momento este cronista no dudó en calidad de "traición a la Patria" esta entrega de armamento desde el gran arsenal de las FFAA. En aquel momento no hubo voces tan claras en denunciar la gestión del Presidente Rodríguez, porque en 2005, como en 2013 la figura no ha cambiado, el Jefe de Estado aparece ante la razón lógica como el "gran responsable" sea que autorizó a pedido de los uniformados o sea de la alta jerarquía militar, sea por otras causas, el hecho es que por la naturaleza del hecho, el traslado del armamento de los arsenales secretos a las aeronaves de los Estados Unidos, constituye sin vuelta de hoja, una gestión de traición a Bolivia.

En vano García Linera y el propio ex-presidente tratan de mostrar que los responsables de "la traición son los altos jefes militares, el ministro de Defensa y todos quienes intervinieron en la tramitación de la entrega. Desde el punto de vista principista, del mandato de la CPE y del código de honor de las FFAA, el primer responsable de la manipulación de las armas chinas es el Jefe de Estado. Las autoridades militares pueden resultar siendo corresponsable, coautores, por tanto pasibles de las muy graves sanciones que tienen que sobrevenir via Judicial por la Asamblea Legislativa y el Organo Judicial. Dejar de lado al primer responsable y hacer caer todo el peso de la Ley en los segundos y terceros no es lo correcto, es simplemente injusto, es una manipulación, es una muestra de "lo torcido de una conducta" favorable a sus intereses y perversa y cruel en la relación con el Dr. Rodríguez elegido por el presidente Morales, como responsable del seguimiento en el juicio en contra de Chile incoado en el Tribunal Internacional de La Haya.

Al igual que el General Antezana el ex-ministro de defensa de Rodríguez, Gonzalo Méndez acaba de salir con una declaración contundente. "Todo el procedimiento de desactivación de los misiles chinos tierra aire, fue ordenado por el Presidente Rodríguez" por tanto el ahora diplomático no podrá eludir la parte de responsabilidad que le toca, que sin duda no es cosa de poco monto, sino mayúscula en toda esta saga.

Hace mal el Gobierno de Morales-García en pretender librar a Rodríguez Veltzé del encausamiento que se anuncia para los próximas horas a "los responsables del caso misiles chinos" exhimiendo del mismo al principal responsable Embajador Rodríguez. De esta manera, a todas las aberraciones anteriores, como en los casos de Terorismo Uno, Chaparina y El Porvenir, libra a unos y acusa a otros, aunque en ésto de los misiles chinos, la fiigura jurídica aparece con toda su injusticia, libra al número uno y acusar a los demás. Es natural, que los encausados, casi todos militares de alta graduación se defiendan con todo y que una causa bien motivada en "traición a la Patria" se vea deslucida y torcida por voluntad de Evo Morales para quién las leyes no tienen importancia, siempre pueden ser burladas por los abogados encargados de "meterle nomás" aún contra natura.




Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia que llega resumido con un punto de vista periodístico.

sábado, 17 de agosto de 2013

inaudito. llena de estupor, causa desazón. lo que está ocurriendo en Santa Cruz con el llamado "juicio del siglo". 39 imputados que no hallan Justicia. Crimen. Tortura. Prisión y persecusión que lleva casi 4 años. Es culpa del Gobierno Masista



Caricatura de un proceso penal

Mauricio Aira


Más de 3 años han pasado desde que se dio la orden de matar a Eduardo Rozsa Flores en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz. Lo que parecía que iba a resultar en un rápido proceso judicial ha devenido en el más prolongado, más injusto, más caro (económicamente claro está), complejo e intrincado asunto judicial, que está derivando en una caricatura de juicio que afecta a las familias de 39 implicados, muchos de ellos fuera de Bolivia, otros más detenidos en las cárceles del Eje Central. Que después de tanto tiempo no exista una sola sentencia condenatoria es muestra de lo caótico del caso.
Por la connotación que ha adquirido este proceso se está convirtiendo en un referente negativo para la judicatura nacional y un pésimo precedente de la politización del tema siendo lo más notable la destitución del fiscal Marcelo Soza que se había convertido en el acusador principal, en un funcionario “todopoderoso” con atribuciones extraordinarias capaz de disponer de la libertad de las personas bajo la acusación más baladí tanto que sobre Soza pesan hoy serios cargos de ser un extorsionador que se locupletó a expensas de las víctimas involucradas en lo que se conoce como Caso Terrorismo Uno.
Hasta la fecha al menos 6 libros han sido publicados y realizadas varias encuestas sobre si existe confianza en la forma en que se está investigando el caso con el claro resultado de no existir fe en el poder judicial. Se realiza la investigación sin interferencias políticas, con apego a las reglas de la justicia? La respuesta ha sido contundente. Existe interferencia del Poder Ejecutivo con prescindencia del órgano judicial, a pesar de la enorme carga acusatoria puesta por el Ministerio Público para sacar adelante el juicio y producir sentencias condenatorias hasta la fecha no existen evidencias objetivas y contundentes.
La población cruceña está resultando la más afectada por el caso Terrorismo Uno, por cuanto los inculpados pertenecen a grupos identificados como empresarios, políticos, dirigentes de instituciones cívicas. El escenario del juicio es hoy Santa Cruz, aunque bajo la batuta del Juez Sixto Fernández del Tribunal de Justicia de La Paz, quién preside un juicio oral que acusa visos de prolongarse en forma indefinida.
Lo más notable es que el crimen mismo, o sea el asesinato de tres ciudadanos no bolivianos aquel 16 de abril de 2009, no está focalizado en el juicio, las incidencias se refieren a los antecedentes, en un plano muy politizado donde la verdad no aparece con nitidez, se advierte un encubrimiento bien planificado y mejor ejecutado con el “implante de pruebas periciales” y la desaparición de testigos claves que la defensa de los 39 no consigue  ofrecer testimonios.
Por la dignidad de la Justicia, por el prestigio del Estado, es tiempo de poner fin al melodrama que se vive con el caso Terrorismo Uno. No es adecuado prolongar en forma indefinida la pesadumbre y la tristeza que aflige a tantas familias bolivianas. Es tiempo de hacer brillar la Justicia y liquidar un proceso que sólo se ha convertido en un hazmerreír, un show que ciertamente no es ningún entretenimiento ni diversión. (Del autor: además de los 6 libros de autores nacionales, al menos 62 diferentes medios del mundo entero se han referido al caso Terrorismo desde 2009 a la fecha)
Mauricio. aira@comhem.se
Facebook. Mauricio Aira



martes, 13 de agosto de 2013

tres años de cárcel a José María Bakovic. tras 7 años de juicio
Evo se sale con la suya de encarcelar al ex-funcionario

martes, 6 de agosto de 2013

diarios diversos reflejan los aspectos más controversiales del Censo Poblacioal. motivo de escándalo y de controversia. el propio EVO se desmiente y se contradice y muestra irregularidades en su desarrollo..

El presidente Evo Morales admitió que durante la jornada del Censo de Población y Vivienda en 2012 los alcaldes de algunos municipios acarrearon gente para que sean censada en poblaciones donde no vivían durante la encuesta. Lo dijo durante su mensaje a la nación por los 188 años de independencia de Bolivia.



Morales fue claro al indicar que durante la jornada del empadronamiento pobladores de Santa Cruz fueron censados en un municipios de Chuquisaca. “No sé si lamento decir o es bueno decirlo, un alcalde del departamento de Chuquisaca me decía -que está cerca a Santa Cruz- en mi municipio han llegado 18 buses para hacerse censar. Otro ejemplo, un orinoqueño (municipio donde nació Morales) se ha hecho censar en Orinoca y ni tenía casa”, afirmó Morales.
El mandatario agregó que en la ciudad de El Alto (La Paz) se instalaron carpas para hacerse censar (de gente que no habitaba en el lugar), mientras que alcaldes de provincias pusieron buses “gratis” para que sus ciudadanos fueron llevados a sus lugares de origen para ser censados. 
Agregó que la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, conocía del traslado de gente a otras regiones. “La compañera ministra de Planificación licenciada, Viviana Caro, me decía en la ciudad de El Alto hay más viviendas o patios que los habitantes. Yo no sé cómo podemos superar para el próximo censo pero se presentó esa situación”, afirmó la autoridad.
El presidente también señaló que los datos que él proporcionó al país a fines de enero pasado no eran válidos. “Que algunos medios se agarren de esos datos preliminares es el gran error”, aseguró a tiempo de señalar que no tiene ningún miedo si piden auditoría a las estadísticas del censo 2012.

domingo, 4 de agosto de 2013

con claridad meridiana Carlos Mesa, periodista y escritor se refiere a la Ley sobre Transparencia en la Información que hoy se quiere limitar otorgando a cualquier funcionario la calidad de censor de prensa, lo cual es una exageración, una violación a la libertad de información.

Desde que aprobamos en nuestro gobierno el decreto de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (27329 de 31 de enero de 2004), se han hecho importantes esfuerzos por colocar a Bolivia en el marco de la legislación internacional, que proclama que no se puede concebir una democracia plena sin el acceso libre de todos los ciudadanos a la información estatal.
El nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transparencia busca, por lo menos en teoría, cerrar los vacíos aún existentes en la materia, pero cae en la tentación característica de modelos políticos que se niegan a convertir al Estado en lo que debe ser, una caja de cristal que todos podamos mirar sin filtros o paredes impenetrables.
El proyecto mezcla las consideraciones incuestionables y conceptualmente impecables, que están tomadas de tratados y convenios internacionales suscritos por el país y que lo obligan en esta materia, con un conjunto de restricciones que de hecho permiten a las entidades del Estado restringir legal y severamente el libre acceso a la información que el proyecto supuestamente garantiza.
Los artículos 42 y 43 son los candados que cierran las puertas de ese acceso libre, pues facultan a los cuatro órganos del Estado, a la Procuraduría General, a las Fueras Armadas y a la Policía, para calificar determinada información como reservada. En ellos se explica cuál es la información susceptible de ser categorizada como reservada y quién puede hacerlo. La máxima autoridad de una entidad pública (cualquiera, es decir todas) puede decidir a discreción que una determinada información es reservada. La base que les da ese poder y convierte en legal la prohibición de acceder a una información, es la siguiente: Considerar que determinada información afecta la seguridad o defensa del Estado, las acciones estratégicas sobre recursos naturales y van contra el interés público.
De ese modo centenares de servidores públicos son convertidos en censores. Esto en buen romance quiere decir que el Estado es juez y parte. Los principios internacionales sobre seguridad nacional establecen con claridad que el gobierno debe probar ante un órgano independiente que, en efecto, el acceso libre a una determinada información afecta a la seguridad del Estado. Lo contrario es la discrecionalidad y la arbitrariedad, que conduce a que cualquier órgano del Estado oculte información a título de estrategia o seguridad.
Se trata de una violación flagrante de la Constitución en un derecho fundamental de todos los ciudadanos. El artículo 21, numeral 6 de la CPE dice: “Las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva”. ¿Puede haber alguna duda sobre el alcance de este derecho?
Pero el proyecto se supera a sí mismo cuando restringe el acceso a la información sobre temas ambientales, pues vulnera el derecho de consulta que establece la CPE y el derecho de participación ciudadana en la gestión ambiental. No sólo hay una contradicción con la CPE, sino que muestra una filosofía contraria al “vivir bien” y a la consagración de la Pachamama como un eje clave en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, que reivindica el actual Gobierno. Sin acceso libre a una información veraz sobre cuestiones ambientales en todos sus estadios y fases, es simplemente imposible cumplir las premisas constitucionales.
Mientras el proyecto contempla sanciones a los funcionarios que entreguen información que ha sido considerada como reservada, no las establece para aquellos que se nieguen a proporcionar información a los ciudadanos. Debiera considerar sanciones penales, civiles y administrativas, según la gravedad. Mencionemos a título de ejemplo la destrucción, alteración, obstrucción, interferencia u omisión que limita o impide definitivamente el acceso a la información estatal.
Nos parece claro que la contradicción esencial de este proyecto está en que unos pocos artículos destruyen su espíritu, lo que le hace perder gran parte de su razón de ser. Dejar en manos de un funcionario la capacidad para negar información a los ciudadanos, es matar el derecho que se pretende consagrar.
El concepto que debe primar en un caso como este es que el Estado legisla sobre un derecho, una garantía aceptada de manera inequívoca por la jurisprudencia internacional. Cuando esto ocurre es inaceptable que quien legisla recorte ese derecho para proteger al Estado, o para decirlo mejor, para proteger al gobierno.
El Estado es nuestro, nosotros somos el Estado y hemos elegido circunstancialmente a quienes lo administran a nuestro nombre. Para que quienes lo hacen no se conviertan en déspotas, hemos firmado un pacto llamado Constitución. No hay nada que pueda legislarse que esté fuera de ella y, peor aún, que esté contra ella.

El autor fue Presidente de la República